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Nueva ley de arrendamiento, flexibilizando el alquiler

Una de las principales causas de la dureza de la crisis española es el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha provocado que la venta de casas se desplome. Para cambiar los hábitos y fomentar el alquiler en un intento de disminuir el número de casas vacías, el gobierno impondrá una nueva ley de arrendamiento.

Mayor flexibilidad

La nueva ley de arrendamiento tiene como finalidad permitir mayor flexibilidad al inquilino, facilitando el acceso al alquiler disminuyendo las trabas legales. Pero al mismo tiempo también pretende proteger al propietario de la vivienda en caso de incumplimientos de contrato.

El inquilino adquiere una serie de derechos con esta nueva ley de arrendamiento, que entra en vigor a finales del año 2012. Cuando el propietario ponga el piso en venta, el inquilino tendrá una opción de compra sobre el mismo.

La duración de los plazos también cambia. Anteriormente existía una prorroga automática del contrato a los 5 años años, que con la nueva ley se reduce a 3. Además, el inquilino puede abandonar el piso avisando con tan sólo un mes de antelación.

Por contrapartida, el propietario también tendrá beneficios, pudiendo recuperar la vivienda en caso de que la necesite para él mismo, para familiares o por causa de divorcio...

Los desahucios también forman parte importante en esta nueva ley de arrendamiento. Se agilizan los juicios rápidos para desalojar a los inquilinos incumplidores con el objetivo de disminuir el miedo de los propietarios a una "ocupación" de su vivienda. Con el impago de un mes el propietario ya tendría motivos para iniciar los procedimientos judiciales oportunos.

Otro aspecto interesante es la libertad para subir el precio del alquiler en función del aumento del IPC o no, dejándolo a decisión de las partes.

Impulsar el mercado de alquiler

La nueva ley de arrendamiento impulsada por el gobierno tiene como objetivo impulsar los contratos de alquiler, ya que tan sólo un 17 % de las viviendas se dedican al arrendamiento frente al 83 % de propiedad, un caso atípico respecto al resto de Europa, donde se fomenta más este tipo de contratos.

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